El teatro de la política

El escenario: México. La sociedad como su público, espera que se abra de nuevo el telón. El anhelado final de una larga representación trágica, con pequeños espacios de comicidad mantiene en vilo a la confundida concurrencia.

Así aparece la vida política de nuestro país, como una secuencia de performances en donde los únicos que se divierten son los actores. Como si la clase política hubiera olvidado su verdadero quehacer y haya optado mejor por dotarse de cualidades histriónicas que le permitan, como en los viejos teatros griegos, vestir la máscara adecuada al papel que cada actor recoge.

Sólo para recordar. ¿Qué pensarán hoy en día Juan Bañuelos y Oscar Oliva de Cuauhtémoc Cárdenas? Seis años atrás, ambos emprendieron con la fuerza de sus plumas una embestida terrible contra Eraclio Zepeda, entonces encargado del despacho de la secretaría general de gobierno del estado de Chiapas. Su tesis principal era el fraude a los principios de la democracia, por haber aceptado ese cargo de un gobierno priísta. Le costó un rato la imagen a Laco. Mientras Cárdenas aseguraba que no cabían los dos en el mismo partido, el escritor dejaba las filas de su partido. ¡Cuán corta es la memoria en nuestro país! Tintas menores se han utilizado para evaluar la decisión del líder moral del PRD, quien hace un mes recibió el encargo del presidente Fox de coordinar los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, cuando su partido lo necesitaba más que nunca para ganar la elección presidencial. De sabios, poetas, actores y otros, está llena la política en el mundo.

Ese partido, el de la Revolución Democrática, la coalición de la izquierda tribal que busca espacios desde la expulsión de Lombardo Toledano de la CTM en los cuarenta, que a partir de las elecciones de 1988 sobrevive y se unifica aún más por la herida que le causó la derrota obligada por parte del Sistema, recibió una nueva ofensiva. Pero esta vez parece que no hay otro culpable que sus propias decisiones. El argumento de su máximo candidato no convenció a toda la audiencia, sólo a un poco más de la tercera parte. Su antagonista tampoco puede cantar victoria, pero recibió más aplausos. ¿Se habrá captado el mensaje de Andrés Manuel en realidad?, ¿el bien de todos, era en realidad el bien de la mayoría?

Si la cosecha desborda lo esperado, habremos construido la gran fiesta de la democracia, decía Zepeda. Estoy seguro que las instituciones tomarán la decisión con justicia. Sancionarán una de las elecciones más analizadas por los votantes. Sin herramientas más que los descalificativos y las escasas propuestas –que tendían a la similitud al final-, el pueblo eligió por decisión propia. Si se capturaron erróneamente los votos en el PREP y probablemente de manera tendenciosa, si cambiaron la estrategia en la segunda contabilidad para dar mayor certidumbre al proceso, si revivieron los mapaches, los zapateros y los tamaleros… será el Trife quien tenga la última palabra. Y México tendrá un nuevo presidente.

Pero es el momento más adecuado para cambiar el escenario. Sus estructuras comienzan a desvencijarse y no precisamente de viejas. Las circunstancias lo ameritan. No volvamos a caer en el juego político de demócratas simulados. La democracia en México ya no es convencional, 60 por ciento del electorado la respalda. Los grandes académicos mencionan que la democracia se sostiene en un país cuando los resultados son aceptados por todos, cualquiera que éste haya sido. México no está perdido, la transición democrática continúa. Es vital reforzar la seguridad en el proceso, es cierto. Pero no por ello hay que descalificarlo.

Cada equipo sabe qué falló. En mi opinión, el PRD no logró consolidar un equipo al final, confió en las redes, cuando éstas sólo eran espectadores, no querían un papel secundario, sino disfrutar de la función. Y el PAN, hasta donde se conoce hoy, ganó. Aunque por poco y ello le obliga también a plantearse nuevos horizontes para el fortalecimiento de la gobernabilidad.

El proceso democrático es mucho más que una representación teatral. Ahora que los votantes han puesto de su parte y le han dado el peso necesario a su decisión, es fundamental que la clase política se coloque en un siguiente nivel, con propuestas, con debates serios, con contenido. Por su parte, las instituciones tendrán que crear los recursos suficientes para legitimar los procesos y evitar que se generen espacios de incertidumbre como el que ahora vivimos, que dañan a la sociedad y abren la puerta a la inestabilidad.

México, D.F. Mayo 16, 2006
 
El respeto al derecho ajeno...

Qué tiempos aquellos cuando la controvertida Doctrina Estrada nos alejó de los golpes bajos y las discusiones interminables por las posiciones ideológicas extremas que heredamos de la Segunda Guerra Mundial. Aunque en esa época no todos aprobaban tal orientación en las relaciones internacionales de nuestro país, es probable que hubieran modificado su visión ahora que vivimos el endurecimiento de posiciones de mandatarios de países vecinos en contra de nuestro presidente.

Lo cierto es que factores como la decisión de retirar al embajador mexicano de Caracas después del perentorio plazo puesto por el gobierno de Fox para que se retractara Hugo Chávez, como el anticipo de la cancillería venezolana para ordenar lo propio a su embajador en México ante la serie de agravios a las relaciones externas de México, ha venido a deteriorar directamente el proceso del 2006 por la lucha del poder.

El inesperado diferendo entre las posturas del gobierno de Fox y las de su homólogo Chávez de Venezuela, actúa como un telón de fondo que ha tensado el ambiente interno de México de manera innecesaria. Sin considerar las insolencias del canciller venezolano, la disputa tiene mucho sentido si se le enfoca desde otra perspectiva, fuera de las relaciones internacionales. Las dimensiones de las pretensiones personales irán presentándose de manera paulatina, en la medida en que se manifiesten las reales afectaciones que sufrirá México por el rejuego político y de medios que se ha originado en el interior.

En México, el PAN y su abanderado para el 2006 tendrán –por lo pronto-, que resistir las consecuencias de lo ocasionado por las críticas y las posturas adoptadas por Fox en la pasada cumbre de Las Américas. No hay que olvidar que todo este follón tiene su origen en la rivalidad que se ha venido acrecentando, entre la tambaleante administración de Bush respecto de las economías fortalecidas del MERCOSUR y el gobierno de Chávez, debido a la presión ejercida por el americano para que se adopte un tratado que –según juzga el venezolano-, beneficiaría más a los Estados Unidos que a los latinoamericanos.

Es cierto que el ejemplo más cercano para ellos, el NAFTA, no ha beneficiado a México en lo absoluto, por lo menos a los ojos de la población menos favorecida.

Sobre ese telón de fondo se dieron, en un primer acercamiento, las severas y personalizadas críticas de Fox tanto al argentino Kirschner como a Chávez. Los dos sudamericanos no tardaron en responderle con graves acusaciones al mexicano de rendir pleitesía al poderoso o de ser cachorro del imperio. Los acontecimientos tomaron con Venezuela, un giro de mediano rompimiento de relaciones que se ha detenido, como en el asunto cubano de hace unos meses, en el retiro de embajadores pero que, en adelante, afectará sin duda a las cuantiosas inversiones de empresas mexicanas en Venezuela.
Lo anterior evidencia las profundidades de la pugna. Pareciera más bien la muestra de una lucha entre la izquierda y la derecha. La ciudadanía no debería quedarse con esa idea, de lo contrario sacaría conclusiones incorrectas del desacuerdo, calificando de buenos y malos a tecnócratas y nacionalistas, según sea su criterio.

La crítica a Fox sobre su cercanía con Bush, sólo hiere a los mexicanos, no a los americanos, no a los venezolanos. La sociedad civil mexicana no está preocupada por lo que digan de su presidente, pues él mismo ha permitido que se critique a su persona desde el inicio de su administración, argumentado la libertad de expresión. La sociedad de nuestro país no quiere que vuelva a repetirse un linchamiento verbal contra la nación y sus representantes... ello sólo lo podrá poner de manifiesto a través de las urnas, su único medio de expresión masiva.

Nada peor podría heredar el presidente Fox al candidato Calderón, en estos días en los que el panista quisiera continuar creciendo en las inclinaciones de voto de los electores. La misma intervención de los senadores exigiéndole cuentas a Fox de sus futuros viajes al extranjero pone a Calderón, por obligada derivación partidaria, en una situación delicada ante las críticas de sus rivales.

Es momento de ver hacia adentro, de frenar la injerencia de voces extranjeras en las decisiones de nuestro país. La Doctrina Estrada trató de dictar ello, como un intento de proteger las estructuras de nuestro andamiaje institucional.

México, D.F. Octubre 2, 2005
 
Barbas en remojo

Mientras que en Estados Unidos se siguen contabilizando los daños económicos por el paso de huracán Katrina en sus costas del Golfo de México, así como la consideración de la disminución de producción de combustibles y explotación de crudo, en Buenos Aires comenzó a circular una noticia aún más aterradora.

El Clarín -el diario argentino reconocido como el segundo mejor de habla hispana después del español El País- se dirigió hace unos días a su población: “¿Se acuerda de aquella bicicleta vieja, que junta polvo en el fondo de la baulera? Tal vez no sea mala idea ir chequeando si las ruedas están infladas. Aunque sea por las dudas”.

Y es que los efectos del Katrina ya pusieron sobre aviso a los países latinoamericanos productores de crudo. Argentina en particular ha caído en la cuenta que de mantener el ritmo de explotación y refinación del hidrocarburo, en tres años más se convertirán en importadores neto de crudo, es decir que conforme aumenta la demanda local de combustibles, las reservas irán disminuyendo. A diferencia de México, que calcula un horizonte de doce años más de reservas, en ese país del sur consideran el fin de sus reservas en alrededor de ocho años. Las mismas compañías privadas que ahora operan en Argentina no han invertido en la exploración de aguas profundas, argumentado la necesidad de incentivos adicionales para esas operaciones. Ante ello, la nueva empresa argentina estatal Enarsa espera poner en marcha un proyecto de reposición de reservas.

A nivel internacional, el negocio energético mantiene a los especialistas en un estado de incertidumbre. "Un tsunami energético por delante" tituló su presentación el especialista Matthew Simons en un reciente seminario organizado por Repsol-YPF y la Universidad de Harvard, en Lisboa. Simons sostuvo que la coyuntura presenta un mapa inédito e inexplorado para los gobiernos y las compañías petroleras, debido a cambios estructurales en el mercado que hacen suponer que los altos precios llegaron para quedarse.

En el pasado, las crisis energéticas fueron originadas por cuestiones económicas de oferta. La guerra en Oriente Medio o la lucha interna en la Organización de Países Exportadores de Petróleo fueron las causas de las escaladas de precios como las que se vivieron en 1973, 1979 y 1991. Ahora hay un cambio estructural en la demanda, por la reactivación mundial y, principalmente, por la irrupción de China e India como jugadores de peso en el tablero global de la producción de bienes. El consultor Daniel Gerold cuenta que "las perspectivas son impredecibles”.

Por otro lado, de acuerdo con el gerente de Estudios Económicos y Mercados de Petrobras, Oscar De Leo, las empresas petroleras tienen una capacidad limitada para responder en el corto plazo con mayor producción. La mayoría de las reservas excedentes se encuentran hoy en manos de compañías estatales (Irán, Venezuela, México), que responden con otros tiempos a los incentivos de mercado. La falta de reacción de la oferta a los precios en la industria petrolera es histórica: los pozos más ricos de crudo en los Estados Unidos se descubrieron en la década del 30, durante la Gran Depresión, cuando el barril de petróleo costaba menos de un dólar.

Aunque se trata de una visión liberal distinta a la política de nuestro país, sí es cierto que esta tensión ha dado pie a un mercado especulativo que se dispara ante cualquier tipo de noticia negativa. La escalada de esta semana se suscitó apenas se supo que el huracán Katrina había dañado seriamente más de 20 plataformas de extracción de petróleo del Golfo de México. Hasta el sábado pasado se anunciaba que un 87 por ciento de la capacidad productora de petróleo de la zona devastada por el huracán se encontraba paralizada.

Algunos analistas afirman que este boom de precios del crudo provocará un enfriamiento en la actividad mundial por el incremento en el precio de todos los productos, justo después del estancamiento de los últimos años en los Estados Unidos. Un informe del Departamento de Investigaciones Económicas del HSBC afirma que el incremento en el precio de la nafta en el mercado norteamericano marca el fin de la expansión de la mayor economía del planeta. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por cada cinco dólares que aumenta el precio del barril, la producción del planeta disminuye en 0.3 por ciento.

Mientras tanto, en la industria ya se habla de un "punto de quiebre" en los 100 dólares por barril. A partir de ahí entrarían a ser viables fuentes de energía sustitutas, "aunque ninguna tiene la capacidad de reemplazar al petróleo en poco tiempo", aclara De Leo.

Este nuevo periodo en la era energética con el incremento sostenido de los precios durante más de 43 meses parece ser una llamada de atención por su similitud con el inicio de las grandes crisis anteriores. En 1973 el aumento duró nueve meses y en 1979 diez meses.

Ante este panorama, México sigue respondiendo lentamente. Esperemos que el vetado régimen fiscal de Pemex sea nuevamente presentado en el último periodo de sesiones del Congreso de la Unión de este año, con las modificaciones necesarias para que se ponga en marcha el ejercicio siguiente y así nuestro país enfrente hábilmente la crisis petrolera que se avecina.


México, D.F. Septiembre 18, 2005
 
Nuestras dos torres

En junio del año pasado visité Nueva York. Regresaba de un curso en la escuela de gobierno de Harvard. Después de cuatro horas de viaje desde Boston, lo primero que hicimos mi esposa y yo fue recorrer la zona cero, donde hasta el 11 de septiembre de 2001 se levantaban majestuosamente las torres gemelas, figuras de la fortaleza financiera estadounidense.

Casualmente, el día de mi visita colocaban la primera piedra de lo que será un parque en memoria de los casi 2 mil 800 fallecidos por los sendos impactos contra los edificios. Esa primera piedra contiene los nombres de las víctimas, en su mayoría latinos. Confieso que sentí rabia por ello. Debido a la temprana hora de los ataques, murieron muchos afanadores, mecánicos y cocineros inmigrantes que han buscado en el norte de nuestro continente mejores oportunidades de vida.

Después de tomar algunas fotografías alrededor del área y de presenciar el evento, subimos al metro. A tres años del suceso que cambió la visión de seguridad que representaban los Estados Unidos para el mundo occidental, la ciudad aún respira terror. En todo nuestro recorrido hasta Central Park, nunca se dejó de escuchar una cinta que recordaba a los usuarios del tren subterráneo la necesidad de reportar inmediatamente cualquier acto sospechoso. También se indicaba que en caso de hallar algún objeto olvidado, antes de denunciarlo, debía uno bajar del vagón en la siguiente estación. Tan sólo oír eso provocaba querer salir lo más pronto posible hacia algún sitio más seguro, la “gran manzana” pareciera no serlo.

La destrucción de las torres gemelas perturbó la confianza de los habitantes de una ciudad que es considerada como el centro de muchas actividades del primer mundo. Nueva York es vulnerable. En la mente de los citadinos queda claro que viven en un polvorín. Tomaron fuerza nuevamente aquellas palabras de Orson Wells en la película de Las Profecías de Nostradamus, cuando señala que “la nueva ciudad” sería el principal blanco de los ataques de una guerra iniciada desde el Medio Oriente que terminaría con la humanidad.

Casi cuatro años después de esa catástrofe, Estados Unidos ha sido atacado por la naturaleza. El huracán Katrina destruyó una región norteamericana rica en historia y comercio. También es cierto que es uno de los estados más pobres de la Unión Americana. Las escenas de la devastación han sido comparadas con las de otros países de Asia y África. El poderoso aparato nacional ha sido, hasta el momento, incapaz de responder con eficacia. Reina en esa zona la anarquía, el racismo, la insalubridad y muchos otros factores que parecían erradicados en un sistema estatal moderno

Paradójicamente, sin la sombra del terrorismo, pero sí con las mismas amenazas naturales, México corre el riesgo de perder sus dos torres: petróleo y democracia, pilares del Estado mexicano.

El primero ha sido desaprovechado durante los últimos veinte años; ha servido más para mantener un aparato gubernamental costoso e ineficiente, despreocupado por el fortalecimiento de uno de sus principales generadores de recursos. La radicalizada discusión por los cambios estructurales necesarios para la transformación de ese sector ha diezmado la productividad de la paraestatal. Una nueva crisis energética se avecina –la peor de todas de acuerdo con los analistas-. México debe estar preparado para ello. Sin el acuerdo de las fuerzas políticas seguramente llegaremos sin los instrumentos adecuados para enfrentarla.

Por otro lado, la incipiente democracia mexicana se someterá a una dura prueba el próximo año. El triunfo del PAN en el 2000 dio aliento a la ciudadanía para expresar su voz a través de medios pacíficos. El Instituto Federal Electoral ha mostrado ser una de las instituciones de mayor confianza para la población. No obstante, hacer eficientes los procesos electorales no es la panacea de la democracia, su consolidación incluye otros asuntos. Entre los más importantes se encuentran los partidos políticos, que, a decir de las sociedades latinoamericanas, son las organizaciones menos confiables según las últimas encuestas. De acuerdo con el doctor Manuel Alcántara Sáez de la Universidad de Salamanca, la madurez de la política electoral ha traído consigo el surgimiento de situaciones en las que los partidos se encuentran en contextos de naturaleza compleja. Es importante considerar temas como el financiamiento de la política, la democracia interna de los partidos, la profesionalización de los políticos, así como la relación entre el partido, el grupo parlamentario y, en su caso, el partido en el gobierno. Elementos que aunque parecen aislados, tienen una gran interdependencia y afectan el proceso de consolidación democrático.

La sociedad mexicana también ha enfrentado retos como los que conmovieron actualmente a los vecinos del norte. Las acciones en torno al terremoto de la ciudad de México en 1985 mostraron el alto grado de cohesión de la sociedad civil ante un gobierno poco diestro en el manejo de desastres. El gran aparato respondió también lentamente a las urgentes demandas sociales posteriores. Por otro lado, otros factores deterioran la confianza en las instituciones. El narcotráfico, por ejemplo, actualmente domina parte de nuestro territorio.

El terror que impera en la vida de nuestra ciudadanía debe ser controlado. Nuestras estructuras se muestran endebles, es urgente poner en marcha un proceso de fortalecimiento organizado para que nuestro país pueda resistir posibles embates económicos y naturales.

México, D.F. Agosto 16, 2005
 
Chile, un país dedicado a su educación

“Los latinoamericanos seguimos existiendo, aumentamos en número y mantenemos la esperanza, esa que nos permite replantear nuestro camino cada cierto número de años.”
Gabriel García Márquez

Ricardo Lagos, presidente de Chile, sostiene que durante el siglo XX, junto al desenvolvimiento del Estado democrático y social de derecho, la ciudadanía se fue extendiendo por encima de barreras sociales, étnicas y de género, en el mundo y en América Latina. Menciona también que “se extendió el reconocimiento de los derechos y deberes que esa condición involucra: ya no sólo derechos civiles y políticos, sino también derechos económicos, sociales, derechos culturales y medioambientales. “

De acuerdo con el mandatario más popular en la historia del gobierno chileno, ese reconocimiento de los derechos de la ciudadanía exige la intervención del Estado en la vida económica y social con el propósito de procurar a todas las personas las prestaciones y servicios que requieren para la satisfacción de sus necesidades básicas.

Desde hace más de diez años, el gobierno central de Chile estableció como prioridad la educación. Desde los años 90 se observa en los discursos oficiales una clara conciencia acerca de la educación y la capacitación, como los instrumentos más eficaces para contribuir tanto al crecimiento económico como al desarrollo social.

La Reforma Educacional chilena toma sentido desde 1990, cuando los programas de mejoramiento educacional se comienzan a desarrollar, contemplando desde el nivel preescolar hasta el nivel medio. En el año de 1991, el Congreso de Chile decretó el Estatuto Docente, dictado por el propio Ricardo Lagos cuando era Ministro de Educación, con el presidente Patricio Aylwin. Ese documento “declara la inmovilidad del profesor en el cargo, quien sólo puede ser despedido a través de un sumario”.

En 1996 se concreta el inicio de esa reforma, a través de dos acciones principales: la reforma curricular y la extensión horaria de la jornada escolar; con la cual se pretende dar mayor efectividad a las políticas educacionales existentes. Tal reforma propone que un mejor nivel de educación de la población más desposeída facilitaría el camino hacia la consecución de una mayor igualdad de oportunidades; aumentando con ello sus posibilidades de inserción laboral y superar la pobreza.

La reforma curricular, o Renovación Curricular establece que los establecimientos educacionales pueden diseñar sus propios planes y programas de estudios o bien, adscribirse a los que propone el propio Ministerio de Educación. Lo que puede verse como un principio reformista básico, desde su concepción liberal, toda vez que el gobierno establece la plataforma requerida de acuerdo a los principios pedagógicos fundamentales, sin embargo, son las bases sociales desde el aula quienes establecen los satisfactores educaciones secundarios y la orientación de sus propios programas.

Al respecto, el equipo nacional de evaluación educativa del gobierno de Chile, en su informe al Foro Mundial sobre la educación del año 2000, menciona lo siguiente:

“Así, de las nuevas formas de producción, comunicación y organización de la sociedad, surgen demandas formativas al sistema escolar que apuntan a superar el paradigma del enciclopedismo y de la memorización y se propone el logro en los estudiantes de mayores capacidades de abstracción y elaboración de conocimientos; pensar en sistemas; experimentar y aprender a aprender; comunicarse y trabajar colaborativamente; resolución de problemas; manejo de la incertidumbre y adaptación al cambio.”

Por su parte, la Jornada Escolar Completa, cuyo inicio operativo se dio en 1997, estableció que la atención de dos grupos en una jornada escolar se realizaría a un solo grupo en horario completo, mañana y tarde. A decir del Ministerio de Educación chileno, el fundamento de esta medida radica en el reconocimiento del tiempo como un factor que afecta positivamente al aprendizaje y como un elemento necesario para potenciar el trabajo técnico de los docentes y la gestión de cada establecimiento. Asimismo, existe una estrecha vinculación entre la Jornada Escolar Completa y la equidad, no sólo en cuanto a privilegiar el ingreso al nuevo régimen de jornada escolar a establecimientos educacionales que atienden población escolar de alto riesgo social y educativo, sino también como una acción que iguala las oportunidades de aprender al aumentar de manera significativa el tiempo de trabajo escolar a todos los estudiantes y no a un sector minoritario como había sido hasta ahora. Adicionalmente, el mayor tiempo escolar posibilita la atención diferenciada de los estudiantes -lo que permite mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, enriqueciendo con ello la experiencia y convivencia escolar- que es otro contenido de la equidad en educación.

Para diciembre de 2004, el 89 por ciento de los liceos y escuelas chilenas se encontraban incorporados, o en proceso de incorporación a este programa.

Muchos son los programas que se han puesto en marcha en materia educativa en ese país. Cabe destacar algunos de los logros alcanzados:

- Para el año 2003, 687 mil alumnos en mil 509 establecimientos de regiones en condiciones de pobreza contaban con el programa P-900, destinado a zonas rurales, el programa inicialmente atendía a 295 mil niños en 909 escuelas.

- En mayo de 2003, el Congreso de Chile aprobó la ley que establece que son 12 los años de escolaridad gratuita y obligatoria y por tanto, la legislación obliga al Estado a generar las condiciones para lograrlo, para ello se crearon una serie de acciones que permitan asegurar su cumplimiento, como el programa Liceo para Todos, que busca retener a los estudiantes más vulnerables en el sistema escolar y contribuir a su permanencia en la enseñanza media.

Por último, la reforma educativa también busca en la población el acceso a tecnologías y otros idiomas, para ubicar al alumno en el estado del arte científico esencial que le permita desarrollarse competitivamente.

En materia de financiamiento público, el gobierno ha incrementado paulatinamente el nivel de gasto en este rubro. Para 1997, el nivel de gasto en educación creció 112 por ciento con respecto a 1990, representando en este último un 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto, tan sólo en 1995 alcanzaba un 2.9 por ciento.

De acuerdo al informe del Departamento de Estudios y Desarrollo del Ministerio de Educación de Chile, el gasto total en educación relación al PIB es de 7.5 por ciento para el año 2004, índice que se encuentra por encima del promedio de los países de la OCDE, que muestran un valor de 6.2 por ciento en este indicador. Esto refleja el interés e importancia de la inversión en educación en Chile. Lo mismo ocurre en Argentina (6.2), Malasia (7.2) y Paraguay (6.6). Como referencia, en México se destina el 5.9 por cierto del PIB.

Un programa ejemplar

En congruencia con la política educativa, el gobierno de Chile en el presente año promulgó la Ley de Financiamiento de Estudios Superiores, que entrará en vigor a partir del año 2006. Por primera ocasión se apoya a jóvenes para financiar sus estudios de educación superior. El programa está dirigido a “alumnos de méritos académicos, provenientes de familias modestas, que se encuentren matriculados en instituciones de educación superior autónomas y acreditadas.” Este apoyo se extiende también a estudiantes de universidades privadas, institutos profesionales, centros de formación técnica y escuelas matrices de las Fuerzas Armadas.

Las características del programa son las siguientes:

- Para recibir crédito con aval del Estado, los estudiantes deben estar matriculados en instituciones de educación superior autónomas y acreditadas.


- Está dirigido a alumnos chilenos o extranjeros con residencia definitiva.

- Los beneficiarios deberán estar cursando estudios de pregrado.

- Su situación socioeconómica familiar debe justificar un crédito.

- Los alumnos beneficiarios deben haber mostrado mérito académico suficiente para ingresar a la institución y mantenerlo en la carrera.

- Los estudiantes pueden obtener hasta el 100% de crédito o el porcentaje que necesiten para financiar su carrera, dependiendo de su nivel socioeconómico.

- El beneficiario comenzará a liquidar su crédito 18 meses posteriores a su graduación.

- Este financiamiento es a través de bancos, instituciones financieras, administradoras de fondos mutuos, compañías de seguros de vida y cajas de compensación y el gobierno participa en este caso como aval.

Analizando este programa podemos definir la potencialidad del mismo. Bajo un esquema de política pública con un enfoque social, cumple con los requisitos indispensables como los que dicta el economista Amartya Sen: alcance, amplitud y apropiación.

En Chile actualmente cursan estudios superiores alrededor de 595,000 estudiantes, el 60 por ciento están matriculados en instituciones privadas. Éstos son los principales beneficiarios del apoyo, toda vez que no han recibido ayuda para financiar sus estudios. Esta cuestión hace lógica con el sentido de amplitud, la población objetivo está localizada, por tanto el ámbito de impacto de esta política también está definido.

También comprende el sentido de amplitud, toda vez que esta política fue diseñada para cubrir ineficiencias de otros programas, en este caso el de la educación superior a cargo del Estado -246,000 estudiantes que estudian en universidades tradicionales del gobierno de Chile cuentan con su propio sistema de crédito-. Lo que se busca es incentivar a la juventud a continuar preparándose para superar las desigualdades económicas y sociales.

En el caso de apropiación, que responde a la pregunta de ¿quiénes apuestan por el camino elegido?, puede decirse que los primeros que están de acuerdo en montar este sistema son los representantes del gobierno federal chileno. Por lo reciente de su instrumentación quedaría pendiente de calcular el nivel de cohesión social que alcance este programa, visión que seguramente aprovecharon los estudiosos de la educación en Chile para montar este programa. Lo que sí dejan claro es que otros programas privados de este tipo son más costosos, con requisitos adicionales que difícilmente quedan al alcance de los más necesitados.

Esta nueva ley de financiamiento obedece también a la naturaleza del modelo de política educativa adoptado por el gobierno de ese país, que se caracteriza por ser gradual, incremental y producido desde la base del sistema.

Estas leyes que podrían considerarse de segunda generación también buscan ampliar el impacto de sus beneficiarios, tal como se planteaba al inicio del texto, como una política más que busca erradicar las condiciones de pobreza del territorio chileno.

Quiero concluir este trabajo elogiando la labor del presidente Lagos, quien en su último año de mandato goza de un amplio margen de popularidad, 60 por ciento según la última encuesta publicada en el diario Mercurio, de corte liberal. Lagos, de tendencia socialista, ha sabido combinar los mandatos neoliberales dictados por el Consenso de Washington en materia de austeridad fiscal y reducción del Estado, con medidas populares –en el término social- en beneficio de la población más necesitada.

Se destacan en este gobierno las políticas de salud y de educación. Lo relevante de estas últimas es la continuación de los programas promovidos por el mismo Lagos desde su paso por el ministerio de Educación. Parece ser que siguen evolucionando, aunque el propio gobierno reconoce lo mucho que falta por hacer.

Chile puede ser considerado un ejemplo de nación en verdadero desarrollo, con políticas sociales efectivas y con impacto a nivel macroeconómico. Las condiciones de Chile las podríamos igualar a las de España por su pasado autoritario y una apuesta nacional posterior, muestra de la importancia de los acuerdos nacionales. Es de destacarse también la transparencia y la oportunidad de la información del gobierno chileno.

Si las políticas sociales, como lo indica la maestra Montagut, es aquella política dirigida al desarrollo y dirección de servicios específicos del Estado, la política de educación chilena responde oportunamente a las necesidades de la comunidad con impacto directo en el bienestar.

Con estos programas ejemplares, ¿qué esperamos en México para incentivar políticas educativas fértiles que promuevan el desarrollo humano y por ende el desarrollo nacional? La apuesta debe ser de todos: gobierno, iniciativa privada y ciudadanía. Sólo basta revisar el último informe Sobre Desarrollo Humano México 2004, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para darnos cuenta de la inequidad de nuestras políticas públicas. Busquemos un país más educado y menos analfabeta, que acerque a nuestros ciudadanos a niveles más prósperos.

México, D.F. Agosto 2, 2005
 
Democracia cardinal

Hacia mediados de 1993, el profesor de Política Pública y director del Saguaro Seminar en Harvard, Robert D. Putnam, publicó su libro Making Democracy Work (Haciendo que la democracia funcione); un estudio de campo realizado en Italia durante 20 años. El trabajo ofrece una amplia evidencia empírica sobre la importancia del capital social representado por la "comunidad cívica" en el desarrollo y el desempeño de las instituciones democráticas.

Putnam realiza una investigación del desarrollo y adaptación de las instituciones públicas a su entorno social, a partir del experimento italiano de creación de gobiernos regionales, que se puso en marcha en 1970 rompiendo con una larga tradición de centralización política. A través de una serie de estudios por encuesta, entrevistas cualitativas, experimentos novedosos y reunión de datos secundarios, el autor encuentra que el desempeño de los nuevos gobiernos regionales en el norte y el centro de Italia era muy superior al de los localizados en el sur de ese país, a pesar de que éstos contaban con recursos financieros –provistos por el gobierno central- iguales o mayores.

Aunque la nueva estructura institucional descentralizada sí contribuyó, tanto en el norte como en el sur, a desarrollar un nuevo modo de hacer política, Putnam menciona que en un inicio los nuevos legisladores llevaban consigo la concepción de las relaciones sociales y políticas de suma-cero, girando en torno a conflictos irreconciliables entre las regiones. “Este enfoque, enraizado en las disputas sociales e ideológicas del pasado italiano, predisponía a los legisladores a la estridencia y ponía trabas a la colaboración práctica". Con el paso de los años se produjeron cambios en la concepción de la cultura política, llevando la discusión legislativa a niveles de cooperación, del extremismo a la moderación, del dogmatismo a la tolerancia, de la doctrina abstracta al gerenciamiento práctico, nada de lo cual excluía el conflicto y la controversia, pero con el énfasis puesto ahora en el "buen gobierno". Una conclusión fue que el ritmo del cambio institucional es lento: pueden pasar décadas hasta que una nueva institución tenga efectos distintivos sobre la cultura y la conducta política.

Sin embargo, los efectos no fueron igualmente positivos cuando lo que se analiza es el desempeño de los gobiernos regionales que, en lugar de mitigar, exacerbaron las históricas disparidades existentes entre el norte y el sur de la península. Putnam parte de la idea de que una institución democrática tiene alto desempeño si es sensible a las demandas de los ciudadanos y efectiva utilizando los recursos limitados con que cuenta para satisfacer esas demandas.

Para evaluar el desempeño de los gobiernos regionales construyó un índice haciendo uso de doce indicadores, por ejemplo la estabilidad de los gabinetes, la puntualidad en la presentación del presupuesto, la innovación legislativa, los consultorios familiares por cada mil habitantes creados por cada gobierno con fondos provistos por las autoridades centrales y la capacidad de respuesta de la administración a los requerimientos de particulares.

El desempeño superior de los gobiernos del norte respecto a los del sur se extendía a la mayoría de los indicadores, perduraba en el tiempo y además era reconocido, independientemente de la medida objetiva proporcionada por el índice, por los mismos ciudadanos y dirigentes de la comunidad.

Putnam plantea que la causa de los distintos desempeños residía en la "comunidad cívica", es decir, por los modelos desiguales de participación cívica y solidaridad social.

La democracia está fuertemente correlacionada en todas partes con la modernización socioeconómica y es sabido que la economía del norte de Italia es mucho más avanzada que la del sur. Pero el problema de esta interpretación es que no explica las diferencias de desempeño gubernamental entre las regiones desarrolladas. Por ejemplo, Lombardía, el Piamonte y Liguria eran más ricas que Emilia-Romaña y Umbría, que contaban con gobiernos mucho más exitosos. Por otro lado, no debe olvidarse que los fondos para las nuevas instituciones eran provistos por el gobierno central, con un criterio redistributivo que favorecía a las regiones más pobres.

La evidencia favoreció la hipótesis, el desigual desempeño de los gobiernos se explicaba por la diferente calidad de la "comunidad cívica" de las regiones. Al detenerse brevemente en los aspectos teóricos y filosóficos del concepto, Putnam nos recuerda que ya en la Florencia del siglo XVI Maquiavelo y sus contemporáneos habían llegado a la conclusión de que el éxito de las instituciones libres dependía de la "virtud cívica" de los ciudadanos. Esta escuela "republicana" fue luego eclipsada por Hobbes, Locke y otros que pusieron el acento no en la "comunidad", sino en el individualismo y los derechos individuales. La constitución norteamericana, con sus controles y balances, intentaba asegurar la democracia contra los ciudadanos "no virtuosos". Pero en años más recientes la filosofía política norteamericana reabrió el debate entre el individualismo liberal clásico y la tradición comunitaria, sostenida por los neo-republicanos.

El objetivo de Putnam es encontrar evidencia empírica para iluminar un debate que hasta ese momento se desarrollaba en un terreno filosófico. Desde un punto de vista práctico, la "comunidad cívica" comprende, según él, cuatro aspectos esenciales: 1) Compromiso cívico, que se traduce en la participación de la gente en los asuntos públicos. 2) Igualdad política, es decir, los mismos derechos y obligaciones para todos. 3) Solidaridad, confianza y tolerancia entre los ciudadanos, lo que no implica la desaparición del conflicto. 4) Asociaciones civiles, no necesariamente "políticas" en un sentido restringido, que contribuyen a la efectividad y estabilidad del gobierno democrático, tanto por sus efectos "internos" sobre los miembros individuales como por los "externos" sobre la sociedad.

Si trasladamos el conocimiento de Putnam al terreno nacional, podemos resaltar que en México las diferencias entre las entidades también son notorias. Mientras el norte goza de altos índices de desarrollo económico y humano, alta capacidad de inversión, desarrollo eficiente de la industria de la transformación, el sur se ha ido rezagando. Chiapas, Guerrero y Oaxaca figuran como los estados con el menor índice de desarrollo humano según el informe del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en esa materia.

De acuerdo con el reporte, en 2002 las diferencias entre el norte y el sur del país asemejaban las mismas que se reportaban entre el Salvador y Hong Kong, por tanto se referían a nuestro país como Salvakong. Para el documento de 2004, la desigualdad se ha incrementado. Caímos ya en niveles comparados con Malawi o Mali en municipios de Guerrero, como Metlatónoc. Mientras que la delegación de Benito Juárez, en el Distrito Federal y San Pedro Garza García, en Nuevo León, alcanzan índices de Italia o Nueva Zelanda. Así es como ahora nos ubican en una especie de Malawitalia.

A ojos de Putnam, como de otros estudiosos de la construcción de capital social, la democracia juega un papel fundamental en el fortalecimiento del desarrollo humano. El desafío más grande para los próximos años es encontrar los mecanismos adecuados en el país para lograr la equidad. Queda de tarea para el próximo presidente y los principales actores de la política nacional, allanar el camino para futuros consensos, lo que no ha sido posible en este sexenio.

México, D.F. Julio 4, 2005
 
Pobres a la medida

El especialista en pobreza Bernardo Kliksberg, en su libro “El nuevo debate sobre el desarrollo y el rol del Estado“ (INAP 2001), señala que los gobiernos latinoamericanos en su intento de identificarse como un ente eficaz, han tratado en su discurso de negar o minimizar la pobreza. El autor deja claro que desde la década de los 80, se observa un incremento en la población ubicada por debajo del umbral de pobreza en los países latinoamericanos.

Menciona que ese disfraz estatal es operado a través de dos canales específicos. Uno ocurre cuando se trata de relativizar la situación: “Pobres hay en todos lados”, frase que ha sido utilizada como respuesta a las preguntas sobre el ascenso de las cifras de pobreza en países determinados. Por su parte, en materia económico-social, siempre se tiende a desagregar los datos, y mostrar una perspectiva comparada e histórica para determinar la situación real. La pobreza en América Latina es extensa, diversificada, y tiene actualmente incluso una fuerte expresión en las clases medias, en donde el deterioro de sus bases económicas ha generado un estrato social en crecimiento denominado “los nuevos pobres”.

Tanto los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como los del Banco Mundial nos dan una visión muy específica de las condiciones sociales del continente. Prevalece la desigualdad. Más de la mitad de la población se encuentra en condiciones de pobreza. En términos concretos, más de 200 millones de latinoamericanos ganan menos de dos dólares diarios para su subsistencia.

Las nuevas teorías del desarrollo nos enfrentan a una realidad poco desdeñable, la pobreza tiene muchas caras. En México, de acuerdo con la categorización de la Secretaría de Desarrollo Social, son pobres aquellos que no cuentan ni siquiera con los recursos suficientes para comer, conocida como pobreza alimentaria, cuyos ingresos mensuales por persona son menores a 548 pesos en áreas rurales y 740 en áreas urbanas. En segundo lugar, se encuentra la pobreza de capacidades, que incluye a todas las personas que viven en pobreza alimentaria, más aquellos que sufren de acceso limitado a servicios de salud y educación, con ingresos menores a 652 y 910 pesos al mes en áreas rurales y urbanas, respectivamente. Finalmente, SEDESOL ha identificado también a la pobreza patrimonial, que se caracteriza por su insolvencia para cubrir las necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público. Los ingresos mensuales de estas personas no superan los 1,000 pesos en zonas rurales y los 1,487 en zonas urbanas.

Esta nueva categorización de los pobres ha hecho más evidente el rezago por el que atraviesa nuestro país.

Apenas la semana pasada, el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México anunció que tres y medio millones de mexicanos habían dejado de ser pobres, más bien, habían dejado de pasar hambre... afortunadamente ya ganan 60 pesos más al mes –dos pesos diarios- para comer. Esto quiere decir que algunos campesinos, maestros rurales, pastores, entre otros, probablemente dejaron de percibir en promedio 547 pesos al mes para ganar 607 pesos (¡vaya!) y algunos citadinos perciben ahora ingresos promedios de alrededor de 799 pesos. Pero, todavía lo más grave del asunto es que ello, en su mayoría, se debe a las remesas, según lo indica el propio comité.

Debo señalar que el Comité es una entidad sumamente reconocida, compuesta por personajes de probada solvencia moral y académica, entre ellos se encuentra el profesor Luis Felipe López Calva del Tecnológico de Monterrey; Fernando Cortés, del Colegio de México; Rodolfo de la Torre y Graciela Teurel, de la Universidad Iberoamericana; Luis Ruvalcaba y John Scott, del CIDE, así como Enrique Hernández Laos de la UAM, entre otros. Por ello, es dudable que éstas cifras hayan sido maquilladas en favor de la gestión gubernamental actual, como lo asumió el diputado perredista Julio Boltivnik, cuyos propios métodos de medición de la pobreza presentan cifras aún mayores que las presentadas.

No obstante, aunque en cifras concretas los resultados parecerían alentadores para el gobierno federal, es cierto que en el ambiente de la sociedad no se nota, la tensión parece ir en aumento. Han crecido los índices de asalto con violencia, el robo a transeúntes, el ambulantaje, entre otros factores que se identifican con el aumento de las condiciones de pobreza. En cifras del mismo comité, más de 18 millones de mexicanos se encuentran en condiciones de pobreza alimentaria, casi 8 millones más en pobreza de capacidades y suman alrededor de 50 millones los pobres de patrimonio. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A decir de las cantidades, casi la mitad del país es pobre.

Lo que es cierto es que para algunos gobiernos la política social no es importante, es considerada una carga para el Estado, de la que no es fácil desprenderse. Este enfoque ha orillado a la instrumentación de políticas sociales de bajo perfil, con consecuencias fatales para la población. Incluso, se ha procurado en algunos gobiernos eliminar de las agendas la palabra pobreza, viéndola ya en sí como un “término” cargado de connotaciones.

A diferencia de otros programas de desarrollo social en la región, parece que en México éstos se han reformado paulatinamente y han alcanzado niveles más eficientes en las alternativas que se ofrecen a las comunidades más necesitadas. Hábitat y Oportunidades han alcanzado reconocimiento internacional por su orientación en materia de desarrollo humano, a través de la creación de capital social.

El problema más grave de la pobreza, retomando palabras del maestro Kliksberg, es que ya no puede esperar... no tiene paciencia. Se trata de vidas humanas que por fortuna, tras la expectativa de nuevos gobiernos con nuevos métodos, han postergado buscar los propios como ha ocurrido en otros tiempos.


México, D.F. Junio 11, 2005
 
Escandaloso éxodo

Si uno llegara a ignorar la luz roja del semáforo en la colonial ciudad de Lagos de Moreno, en Jalisco, lo más probable es que en cuestión de segundos sea detenido por uno de los pocos agentes del departamento de tránsito municipal. Lo peculiar de esta detención no es la efectividad con la que será detenido –es difícil escapar de un pueblo tan chiquito como Lagos-, sino que se sentirá parte del escenario de una película de Clint Eastwood o de Chuck Norris. La policía laguense utiliza patrullas que sirvieron a las fuerzas policiales texanas, las cuales fueron donadas por los paisanos que hace años dejaron su casa para cruzar el Río Bravo en busca de mejores oportunidades en el vecino país del norte. Lo mismo ocurre con la estación de bomberos y algunas clínicas que dan servicio público.

El pasado mes de abril se dio a conocer un dato estridente. Por concepto de remesas se recibieron en México, en 2004, alrededor de 17 mil millones de dólares, cerca de la mitad de las que llegan a Latinoamérica y el Caribe, ubicándonos en el segundo país receptor a nivel mundial, después de la India. Así, la cantidad de dólares que los mexicanos enviaron para el sostenimiento de sus familias, creció 190 por ciento los últimos cinco años, convirtiéndose en el soporte económico de un millón 600 mil hogares, distribuidos a todo lo largo de la República.

Para dimensionar las cifras, este ingreso equivale a 195 mil 500 millones de pesos; la inversión en exploración en Petróleos Mexicanos, detonante de la actividad petrolera, fue el año pasado de tan sólo 110 mil millones de pesos.

Los recursos enviados por los trabajadores fuera de la frontera se convirtieron en la mayor fuente de dinero para el desarrollo, superando ampliamente los préstamos bancarios desde los países industrializados, la inversión directa o de portafolio y la colocación de bonos en los mercados accionarios.

Hace unos días, en su participación en la Cumbre Hemisferia 2005, el embajador Tony Garza aprovechó los recientes informes del Instituto Mexicano de Competitividad y del Fondo Monetario Internacional, que ubican a México como la décima economía más grande del mundo –después de haber estado ubicada en el lugar número 9 el año pasado- y que de 60 naciones nuestro país ocupa el lugar 56, para señalar que "el mensaje básico de estos informes es claro: o hay reformas o se queda atrás". Mencionó también que "es obvio que se requiere de arduo trabajo, pero imagínense lo que sería la economía de México si hubiera una mejor cooperación a lo largo del espectro político con el fin de asegurar el futuro del país”.

Bajo los planteamientos de la doctrina Estrada de la libre determinación de los pueblos para “aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”, política tan desdeñada por los encargados de la política exterior de nuestro país en la actual administración, el argumento del embajador es inaceptable. No obstante, si hacemos a un lado los convencionalismos, podríamos aceptar que su observación pegó en el ánimo de la política nacional. Sobre todo si volteamos a ejemplos como los de Lagos de Moreno y muchas otras comunidades que sin las remesas y el apoyo que envían sus familiares en el “otro lado” no saldrían adelante. ¿Qué programa gubernamental sería necesario implantar para atender a todos esos trabajadores y sus familias, si no se hubieran ido?

La búsqueda de un acuerdo migratorio como lo ha planteado el gobierno federal es sólo la mitad de la película. Con ello se aliviaría la presión bajo la cual se encuentran nuestros paisanos migrantes, mejorarían sus condiciones de trabajo en Estados Unidos y tendrían accesos a los servicios de salud y educación que el estado americano ofrece. Pero no sólo eso es importante, la otra parte es responsabilidad directa del gobierno mexicano. El problema original se generó en México y la solución no se concreta con un acuerdo migratorio. La migración en México obedece a la falta de oportunidades de los más necesitados. Porque no es un problema de voluntades. Los que se van sí quieren y pueden trabajar.

¿Será en realidad que nuestros vecinos están reacios a pactar un acuerdo migratorio, sólo porque los granjeros de la frontera sur estadounidense se sienten amenazados?¿Qué haría el gobierno mexicano si de pronto hordadas de centroamericanos cruzaran nuestra frontera para ocupar puestos de trabajo en México? ¿Acaso el fenómeno de la Mara Salvatrucha no se ha vuelto también un tema de seguridad nacional para el gobierno federal?

Lo que mencionó el embajador Garza es un asunto digno de estudio. El país debe reestructurar sus fuentes de ingreso. El riesgo que se corre actualmente aún no es evidente. De mantenerse el ritmo de explotación y exportación de crudo, los cálculos nacionales aseguran reservas para los próximos 11 ó 12 años. Está comprobado que segundas y terceras generaciones de migrantes dejan de enviar dinero a sus familias. Es necesario entonces canalizar los principales ingresos del país para financiar proyectos alternativos que generen un nuevo orden económico nacional en el mediano plazo. Para ello, el gobierno, el aparato legislativo y la sociedad en general debemos buscar un nuevo acuerdo nacional que apueste al desarrollo, como ocurrió en España hace más de 20 años. La apuesta no es sencilla, se requiere de voluntad política y social, pero las señales de resultados factibles podría ser la base para la concertación de ese acuerdo.

Si seguimos esperando que los grandes convenios internacionales cambien de manera mágica las condiciones económicas de nuestro país, en un futuro seguramente nos percatemos que la patrulla de tránsito que nos detiene no es mexicana y quizá nosotros tampoco.


México, D.F. Junio 1, 2005
 
Latinoamérica, la democracia en tránsito

La economía de mercado que tuvo sus inicios a finales de la década de los 80. Aunque ha demostrado eficacia para producir riquezas, no ha asegurado la eliminación de la pobreza ni del desempleo. El neoliberalismo sigue un ciclo de ascenso, consolidación y declive político. Las mismas condiciones que marcan el supuesto éxito de un régimen económico neoliberal -privatización de los bienes públicos, crecimiento de las exportaciones e importaciones, incremento de la inversión externa, concentración del ingreso- extienden y profundizan la oposición social. En América Latina, estas prácticas han provocado efectos negativos en la distribución del ingreso de tal forma que se ha acentuado la brecha entre las clases bajas y altas de la población, reduciendo a niveles mínimos la clase media, la cual se ha repartido entre ambos sectores.

Por ello es que en algunos países de América Latina se han abandonado las políticas neoliberales para adoptar otras que suelen identificarse como de izquierda o populistas. El triunfo de Tabaré Vázquez como presidente de Uruguay, en marzo de este año, sumó un nuevo eslabón a la cadena de líderes latinoamericanos que llegaron al poder a través de procesos democráticos transparentes. A partir de 1999, con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, le siguieron Ricardo Lagos en Chile, Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, Lucio Gutiérrez en Ecuador, Néstor Kirchner en Argentina y Martín Torrijos en Panamá.

No obstante, a pesar de los ataques que los movimientos populares mantienen frente al modelo económico liberal, una vez que asumen el poder han tomado medidas iniciales cautelosas, a través de políticas fiscales austeras.

En Brasil por ejemplo, Lula Da Silva al asumir el cargo en enero de 2003 juró no fracasar en la conducción de Brasil, la octava economía del mundo, pero con enormes desigualdades sociales. Heredó una deuda pública de casi 250,000 millones de dólares, una moneda devaluada en 40 por ciento y una tasa de crecimiento de 1.4 por ciento, insuficiente como para dar empleo a 12 millones de desocupados y mitigar la pobreza de 54 millones de brasileños, un tercio de la población. “No hay soluciones milagrosas para tamaña deuda social”, advirtió. El presidente Lula mantiene actualmente una disciplina fiscal absoluta y emprendió reformas que según sus detractores son similares a las que rechazaba por neoliberales cuando era opositor. El cuidado de las finanzas públicas le ha permitido reducir la vulnerabilidad del país. Se le reconoce la disminución de la inflación a 8.65 por ciento, contra 12.65 de su predecesor Fernando Henrique Cardoso. Sin embargo, el gobierno de Lula tiene un riesgo alarmante en sus elevadas tasas de interés, principal herramienta contra la inflación. Esas tasas inhiben la inversión y el consumo y son poco sustentables para quien piensa en proyectos de largo plazo, como ocurrió en México a finales de los 80.

En Chile, el presidente socialista Ricardo Lagos, entra en el último año de su mandato en un clima de prosperidad. La economía creció 5.7 por ciento en el 2004, la tasa más alta en siete años, y la popularidad del mandatario es del 60 por ciento. Su gobierno mantuvo el modelo de libre mercado impuesto por la dictadura de Pinochet. Como lo ha sostenido el propio Lagos, una de las explicaciones del reconocido éxito chileno es haber asimilado las medidas que dicta el Consenso de Washington, en materia de austeridad fiscal y reducción del Estado, para crear opciones a la población más necesitada como el seguro de desempleo y mayores inversiones en educación y salud. La pobreza ha disminuido en Chile del 40 al 18 por ciento. Asimismo, Lagos ha firmado tratados de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur, México, Canadá y Europa del Norte. Actualmente busca acuerdos similares con China, India y Japón.

Argentina, tras sufrir en diciembre del 2001 una de las mayores catástrofes económicas y sociales de su historia, que derribó al presidente Fernando de la Rúa, en 2003 se sumó a la corriente progresista de la mano de Néstor Kirchner con el 22 por ciento de los votos por la deserción de Carlos Menem, quien durante su mandato introdujo reformas liberales, principal causa del colapso argentino. Kirchner multiplicó su popularidad al depurar instituciones como las fuerzas armadas, la policía y la desprestigiada Suprema Corte de Justicia. En el terreno internacional ha sumado fuerzas con Lula y Chávez en la búsqueda de nuevas formas de integración regional.

Venezuela es quizá el único país en donde se escucha la palabra “revolución” y se elogia a Fidel Castro en la voz de Hugo Chávez, un teniente coronel que en el pasado fue a la cárcel por golpista. Después de un golpe de Estado en el 2002, Chávez derrotó en las urnas a una oposición fuertemente posicionada en el país. Esa victoria reactivó su propuesta de “revolución bolivariana”, que consiste en una serie de reformas económicas y sociales en favor de los desposeídos considerada por la oposición como el atentado a las libertades económicas. Aún así, Chávez dirige uno de los diez mayores exportadores mundiales del crudo y puede presumir de bonanza económica gracias a los altos precios del hidrocarburo.

Ante este escenario, algunos analistas han afirmado que Latinoamérica está dando un giro a la izquierda, como si se tratara de un movimiento socialista organizado. Los ejemplos aún no lo demuestran del todo. Es probable que las corrientes partidistas de los que han asumido el poder se definan como de izquierda, pero también es claro que no se han alejado de los conceptos liberales en materia económica, relacionados con la derecha. Por ello es que la Secretaria de Estado Norteamericano, Condolezza Rice declaró hace un par de semanas que al gobierno estadounidense no le preocupaba el triunfo de la izquierda en nuestro país –como no le ha preocupado en otros de América-. Saben que sus países vecinos del sur no modificarán sus prácticas económicas de la noche a la mañana, ni romperán los acuerdos con los grandes consorcios financieros internacionales. Estos cambios obedecen más que nada al crecimiento del descontento popular, situación cada vez más grave y evidente.

¿Será entonces que la sociedad civil ha encontrado en la democracia su tribuna? Todo parece indicar que sí. Quizá no se trate de un acto de conciencia individual, en ese caso la transición democrática ya hubiese concluido. Se trata más bien de una muestra más de que la democracia es el instrumento ideal para la rendición de cuentas. En adelante, los gobiernos de izquierda o de derecha deberán estar claros que su eficiencia estará sujeta a la aprobación de la ciudadanía y no tanto de sus esfuerzos por ser más liberales o más populistas.


México, D.F. Abril 1, 2005
 
Mercado Libre Energético versus Control Estatal

Cuando Timothy Wirth, presidente de la Fundación de las Naciones Unidas, afirmaba el año pasado que el estancamiento del diálogo político reflejaba la incapacidad de reconocer la importancia que tiene el petróleo y sus derivados para la defensa y la seguridad del territorio nacional, la economía y el medio ambiente, no se refería a las diferencias que se plantean en el debate público cotidiano de los países latinoamericanos, sino las que se presentan al interior del congreso estadounidense. Menciona que ese país necesita una nueva y deliberada política estratégica energética y no la creación de un paquete de concesiones formado a partir de las listas de peticiones de grupos particulares. Muy lejos de una visión tecnócrata, sobre todo si se trata de un ex senador norteamericano del estado de Colorado.

La discusión en materia energética en Estados Unidos se ha tornado compleja. Aunque no se discute la propiedad de los hidrocarburos por parte del Estado, sí se presentan desafíos importantes, como los estímulos fiscales para elevar la producción, el acceso a terrenos públicos y a matices de reglamentación sobre electricidad, así como de las estrategias para la conversión energética y la reversión de los problemas ambientales.

En el resto del continente americano, hacia el sur de Estados Unidos, las visiones del problema no resultan ser distintas. Algunos países como Venezuela, han optado por vías forzadas para reactivar sus economías a través de su potencial energético. El gobierno argentino por su lado, ha comenzado una batalla en contra de las empresas extranjeras que operan en ese país por el incremento en los precios de los combustibles.

El exceso en la demanda de energía a nivel mundial ha obligado a los países productores de crudo de Latinoamérica a tomar medidas inmediatas para no perder la oportunidad de participar en ese mercado, quizá el más importante de los últimos 100 años. Ahí radica el interés de algunos grupos de poder particulares por apoderarse de ese atractivo nicho. Existen actualmente países como Bolivia que enfrentan serias crisis en materia energética. Desde el punto de vista de los nacionalistas, su causa principal fue la de seguir las recomendaciones del Banco Mundial de dejar los recursos energéticos en manos de empresas extranjeras. Para el caso de México, la recomendación de la corporación financiera internacional ha sido en ese mismo sentido: permitir nuevos jugadores en el sector energético nacional.

A los ojos de una entidad como el Banco Mundial, el consenso de Washington y sus postulados son requisitos fundamentales para el otorgamiento de apoyos a los países que lo requieren. Este tipo de instituciones deja de lado su espíritu desarrollador cuando toma el papel de lo que en realidad es: una institución de crédito que obedece a poderosos intereses privados, como el mayor rendimiento de sus grandes capitales. Los que comulgan con la visión de la política de mercado argumentan que ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni ninguna otra entidad de ese nivel tenga intenciones filantrópicas o paternalistas. Sus condiciones son más que claras, se deben realizar los cambios estructurales esbozados en los planteamientos liberales modernos.

Sin embargo, esas presiones han resultado infértiles en algunos países. Las políticas liberales encuentran resistencia. Y es que las decisiones gubernamentales en materia económica de los países en vías de desarrollo no sólo se dirigen a la reactivación de los sectores mercantiles, sino también al financiamiento del gasto corriente y a los programas de desarrollo social y combate a la pobreza. Bolivia, por ejemplo, ante las presiones sociales, ha determinado acciones como la expropiación del gas y el agua potable, así como propone la retención del 50 por ciento de los impuestos a dividendos internacionales. Esta decisión ha dividido la opinión de la sociedad en ese país. Mientras que en el altiplano el pueblo se manifiesta, bajo el mando de los sindicatos bolivianos más fuertes, en Santa Cruz de la Sierra, en la frontera con Brasil -una región que no se identifica con el resto de Bolivia, de corte racista y considerada como la más próspera del país-, la opinión al respecto de la propiedad del Estado de los recursos energéticos es desfavorable.

Cualquiera que sea el modelo que adopte, el gobierno mexicano debe caer en la cuenta de la importancia que significan los recursos energéticos para el desarrollo de la industria nacional. La sociedad civil entiende eso, pues finalmente en ella recae el efecto más inmediato de las medidas privatizadoras al pagar los precios de los productos, generalmente más altos. Cada vez que las medidas gubernamentales afecten los intereses del pueblo y parezcan atender a presiones de los grandes consorcios internacionales, se descalificará al gobierno, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en las regiones de nuestra América Latina. La nueva concepción de la democracia seguirá pareciendo insípida si no es tomada en cuenta la voz de la sociedad en contra de los modelos económicos para los que aún no está preparada, toda vez que no parecen satisfacer las demandas de la mayoría.